Desdén de Yunes y Winckler a derechos humanos

Xalapa, Ver. 28 de Nov. (SPI / Édgar Ávila Pérez).-  La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares  incumplieron la mayoría de recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De las 56 recomendaciones emitidas en 2017 y 2018 al organismo autónomo y a la dependencia estatal por  violaciones a los derechos humanos, solo dos  fueron cumplidas al cien por ciento y el resto aparecen con cumplimientos parciales o de plano sin realizar una sola acción.

De acuerdo con documentos oficiales de la CEDH,  en los dos años del gobierno del panista Yunes Linares  se emitieron 29 recomendaciones  (15 del 2017 y 14 del 2018) en contra de actuaciones de la Fiscalía General del Estado.

Las violaciones van desde derechos de la víctima o de la persona ofendida, hasta derecho a no sufrir desaparición forzada, a la integridad personal, de la víctima o persona ofendida, derecho a la procuración de justicia, a la vida, a la libre circulación y residencia.

En ninguna de las 29 recomendaciones, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz  dio cumplimiento al cien por ciento de las mismas y sólo de manera parcial en porcentajes sumamente bajos.

Incluso la recomendación 15/2018 de plano decidió rechazarla y en el resto de los expedientes lleva cumplimientos menores al 68 por ciento y algunos en 20.

Uno de esos casos es la recomendación 07/2018 que le ordenó disculparse públicamente con las víctimas, incluirlos en el Registro Estatal de Víctimas y pagarles una compensación justa  por las omisiones del Estado.

Si bien la desaparición de al menos 39 personas ocurrieron en el periodo comprendido entre el 02 de abril de 2010 al 06 de octubre de 2016, es decir en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, la recomendación incluyó al fiscal por las omisiones de su organismo autónomo en las indagatorias.

La CEDH recomendó se realicen las gestiones correspondientes para que se pague una compensación justa a las víctimas, de lo cual el Fiscal General no ha presentado avance alguno; como tampoco en la recomendación de investigar a los servidores públicos que hayan participado -por acción u omisión- en las violaciones a los derechos de las víctimas  para determinar sus responsabilidades, su grado de participación y las sanciones correspondientes.

En los dos últimos años, la comisión estatal también emitió 27 recomendaciones  (15 en el año 2017 y 12 en el año 2018) en contra de actuaciones de agentes y mandos la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Las causas fueron similares a las de la fiscalía, como derecho a no sufrir desaparición forzada, a la ida, integridad personal,  a una vida adecuada, derecho a las mujeres, a la protección de la familia, a seguridad jurídica e incluso a una vida libre de violencia.

La dependencia solo ha cumplido tres al cien por ciento (2 del 2017 y una del 2018)  y el resto en porcentajes que van del 30, 50, 60 y hasta el 70 por ciento, con lo cual n ha dado cumplimiento a los mecanismos resarcitorios de las víctimas ni castigo a los responsables  de las violaciones.

El profesor investigador de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, Arturo Narváez Aguilera, dijo que el acceso a la justicia es un gran problema que impide la restitución de derechos de las víctimas.

“Cuando uno revisa casos no son denunciados y la otra es que cuando se hace denuncia no necesariamente termina en una restitución de derechos y ese es un gran pendiente para el Estado mexicano y para los gobiernos”, expreso.

El también  integrante de la Red de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, manifestó que la desconfianza de ciudadanos a las instituciones ha sido un punto central, pues no es como algo que miren en sus vidas cotidianas de aquellas personas vulnerables.

“No se denuncia por esa desconfianza y ese es un punto central de como el Estado y gobiernos estatales no solo deben apelar apelan al discurso de los derechos humanos, sino cumplimiento, respeto y restitución de derechos y es un asunto pendiente”, manifestó.

El especialista, consideró que  se debe formar a una ciudadanía activa, que reconozca el marco legal de derechos humanos, porque –lamenta- “a veces no tenemos esta voluntad de informarnos y entonces se nos cometen agravios que no identificamos como tales”.

El investigador, consideró que la próxima administración morenista tiene el reto de escuchar las experiencias de colectivos, defensores y de diferentes actores que han venido trabajando en Veracruz.

Me parece que se debe escuchar a las víctimas como han  vivido las situaciones y los procesos  (…) es parte del eje central cuando hablamos de un gobierno que se anuncia hacia lo social”, señaló.