Estado ejerce violencia física y verbal contra feministas

Xalapa, Ver., 08 de Mar (SPI).- En México las autoridades gubernamentales responden con violencia física y verbal y vulneración de sus derechos humanos a las manifestaciones feministas o de mujeres, afirmó Amnistía Internacional.

En el marco del Día Internacional de la Mujer este 08 de marzo, Amnistía Internacional dio a conocer la investigación: La Era de las Mujeres, reveló que a pesar de que las manifestaciones en su mayoría son pacíficas, las autoridades de gobierno y varios medios de comunicación las han estigmatizado como violentas.

Lo anterior además de deslegitimar su movimiento, genera un ambiente hostil al derecho de la reunión de las mujeres.

“Además, el hecho de intentar justificar las violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres con base en la conducta de las propias mujeres constituye, en sí mismo, un estereotipo que las discrimina por atreverse a protestar.”, destacó el informe.

Amnistía Internacional precisó que de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y de reunión pacífica, solo se consideran actos de violencia cuando se provocan lesiones o la muerte o daños graves a bienes.

“De esta forma, las autoridades no pueden estigmatizar como violentas las acciones de las manifestantes como pintar consignas, intervenir monumentos o romper cristales, pues estas expresiones están protegidas por el derecho de libertad a la reunión pacífica y por la libertad de expresión.”, precisó el estudio.

Incluso, si un grupo de quienes participan en una protesta, utilizan la violencia, las autoridades tienen la obligación de asegurarse que quienes se encuentran protestando de forma pacífica puedan continuar haciéndolo, sin que puedan utilizar los actos violentos como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de los derechos de las demás personas que se manifiestan.

En ese sentido, Amnistía documentó que, durante varias manifestaciones realizadas en 2020 en México, cuerpos policiacos vulneraron los derechos humanos de niñas de entre 12 y 17 años de edad.

Algunos ejemplos del uso excesivo de la fuerza policial, fueron el uso indebidamente de tácticas como el encapsulamiento para acordonar grandes cantidades de mujeres manifestantes en la Ciudad de México.

En México el gobierno hace uso innecesario, excesivo y desproporcionado de la fuerza como una forma de inhibir el derecho de reunión pacífica, a través de “detenciones o aseguramientos preventivos” para detener arbitrariamente a quienes desean participar en manifestaciones o por “sospechas” de querer realizar un delito.

En Culiacán, Sinaloa, la policía municipal “detuvo preventivamente” a tres mujeres que pretendían manifestarse el 10 de septiembre de 2020, porque sospechaban que iban a pintar el Palacio Municipal de la ciudad.

Un juez cívico 3 les impuso una multa por “escandalizar en la vía pública”, a pesar de que no especificó la conducta concreta que consideraba un escándalo contrario al orden público.

En León, Guanajuato, Amnistía Internacional pudo establecer que la policía municipal detuvo ilegal y arbitrariamente al menos a nueve de las 23 personas detenidas tras la manifestación del 22 de agosto de 2020.

Estas personas, en su mayoría mujeres, no estaban cometiendo delito o infracción administrativa alguna. Las autoridades de la policía no se identificaron frente a las personas detenidas, no les indicaron los motivos de la detención, e hicieron uso innecesario y excesivo de la fuerza para su detención.

En Ecatepec de Morelos, Estado de México, el 10 de septiembre de 2020, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desalojó con uso excesivo de la fuerza, a las mujeres que ocupaban la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem) en un acto de protesta pacífica.

Durante la manifestación en Atizapán de Zaragoza, realizada el 11 de septiembre para exigir la liberación de las mujeres detenidas que ocupaban la Codhem, personal de la Fiscalía hizo uso innecesario y arbitrario de la fuerza contra las personas que se manifestaban, arrojándoles objetos pesados para disgregarlas y persiguiéndolas aun cuando ya se habían dispersado.

Otro hecho más fue durante la manifestación del 9 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, fueron detenidas ocho personas que se manifestaban pacíficamente, siete de ellas mujeres.

Dos de estas personas fueron heridas en la cabeza durante la detención ilegal y arbitraria, sin que se les prestara la atención médica necesaria. Las ocho personas fueron “aseguradas preventivamente” por la supuesta comisión de daños.

Fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y posteriormente a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, sin que hubieran sido presentadas a ninguna autoridad competente, ni se les haya realizado certificación médica.

La organización internacional afirmó que durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias mujeres y niñas sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal basado en estereotipos de género.

Todo lo anterior, como una forma de aleccionamiento por atreverse a salir a manifestarse, y por tener un comportamiento contrario a los estereotipos de género de acuerdo con los cuales, las mujeres deben quedarse en casa y no salir a buscar problemas.

“En las distintas manifestaciones documentadas para este informe, las mujeres detenidas sufrieron un intenso miedo de ser víctimas de desaparición forzada, lo cual puede ser contrario a la prohibición absoluta de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes: la forma arbitraria de las detenciones, con uso excesivo de la fuerza, sin exponer los motivos y sin que las y los integrantes policiales se identificaran debidamente, así como la incomunicación a la que fueron sometidas varias de las manifestantes, los traslados por rutas no usuales, sin conocer el sitio a donde iban a ser llevadas, y en algunos casos sin que fueran presentadas a autoridad competente, llevaron a reforzar este temor”, precisó la investigación.