Bajo la acusación de afectar los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho, se avaló el inicio del procedimiento con 35 votos a favor de Morena y el PRI.
El presidente de la Comisión Permanente Instructora, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, explicó que el dictamen es resultado de la denuncia de juicio político presentada por el juez José Clemente Zorrilla, quien, en noviembre del año pasado, fue removido del juzgado a su cargo por la magistrada, siendo que esta decisión es exclusiva del Consejo de la Judicatura y no de una persona en particular.
Se instruyó remitir al Tribunal Superior de Justicia el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento, a fin que los magistrados integrantes de la Sala Constitucional notifiquen a la denunciada para que formule los alegatos a su favor y será la Comisión Instructora la que ratifique dicha acusación.
Hay varios escenarios, como que se niegue la declaración de inhabilitación o destitución, si la resolución del Jurado de Sentencia es absolutoria o si no se obtiene la mayoría calificada que exige este ordenamiento por el contrario si la resolución resulta condenatoria, se sancionará a la servidora pública, si está en funciones, con la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, atendiendo a la gravedad de la infracción. Si no está en funciones, se decretará su inhabilitación.
En octubre del año pasado, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Sofía Martínez Huerta, fue destituida del cargo por miembros del pleno tras meses de pleitos internos.
En medio también de pugnas de grupos de poder morenistas, los integrantes del pleno del Tribunal Superior de Justicia eligieron a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz.
El Poder Judicial del Estado ha estado envuelto en diversos escándalos desde que la mayoría de diputados de Morena aprobaron, en diciembre del 2019, la designación como magistrada de Sofía Martínez.
Tras su nombramiento como presidenta, se descubrió que la magistrada había colocado a familiares cercanos en áreas estratégicas, lo que generó una rebelión interna que derivó en la intervención de la fuerza pública para calmar los ánimos.
Posteriormente, el Congreso del Estado, con mayoría morenista, aprobaron la designacion de seis nuevos magistrados, lo que generó una ruptura mayor al interior.
Y es que la designación de magistrados, ocurrió a pesar de que existían amparos que impedían la separación del cargo de los magistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, a quienes aplicaron de manera ilegal una cláusula del retiro forzoso por edad.
Además, no ratificaron a la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien también se inconformó legalmente.
