IP rechaza Registro nacional de Telefonía

Xalapa, Ver., 25 de  Abr (SPI).- La reforma a la Ley para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, representó un riesgo para la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que  La aprobación por parte del Senado de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el citado Padrón, representó un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un retroceso para el país.

Entre los argumentos destacaron que la utilización de datos biométricos, convertirá dicho padrón en una base de datos sensibles con un alto riesgo de tratamiento inadecuado de los mismos.

Alertó que el riesgo de vulneración en cualquier sentido a dicha base de datos, derivaría en violaciones graves e irreversibles a los derechos humanos de la ciudadanía, incluyendo el derecho a la privacidad y seguridad.

También existe un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados e incluso, acaben siendo vendidos al mejor postor.

La Coparmex recalcó que los responsables del Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) advirtió que se requiere de mayor categoría de protección para salvaguardar dicho Padrón, además de que no contar con recursos económico ni humanos para ello.

Organismos internacionales como la Relatoría para la libertad de expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de derechos humanos.

Además, se pondría en riesgo la presunción de inocencia al poderse suplantar la identidad de una persona y acusarla de la comisión de algún delito.

Asimismo, el requisito de datos biométricos para el uso del servicio de telefonía, incrementará la brecha digital en nuestro país y limitará el acceso a la comunicación creando mayores barreras para el acceso a la tecnología y la conectividad.

Finalmente, los hombres de negocios aseguraron que existe una violación al principio de no retroactividad de la ley, al impactar a usuarios con líneas telefónicas adquiridas con anterioridad a la publicación del decreto.