Un riesgo Padrón de Telefonía Móvil

Xalapa, Ver., 11 May (SPI).- La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, representa un peligro para los ciudadanos al no haber blindajes claros, cuyos datos podrían caer en manos equivocadas, consideraron expertos en derecho y anticorrupción.

También lamentaron que ducha Ley, se la única en el planeta creada para llevar a los mexicanos a la marginación digital, cuando existen 40 millones de personas en el país sin acceso a las tecnologías de la información.

En el marco del Foro Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México, organizado por Causa en Común, el experto en Derecho Digital y Telecomunicaciones, Jorge Fernando Negreta, recordó la Constitución mexicana estipula el derecho a la información.

Dijo que el artículo sexto de la Constitución establece como derecho fundamental el derecho al acceso a la Internet, a servicios de telecomunicaciones, a banda ancha y a tecnologías de la información (dispositivos móviles).

Al tener acciones a los derechos arriba citados, conlleva a la protección de los datos personales y a la cultura, el derecho a la información pública, al trabajo y a la movilidad, entre otros.

Por ello, en su opinión, la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo único fin es cooperar con las autoridades en material de seguridad y justicia, no hay nada que asegure que dicha ley será exitosa.

La reciente Ley aprobada le atribuyó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) llevar a cabo el Padrón, así como administrar los datos biométricos del usuario y, tendrá 180 días naturales para expedir los lineamientos generales y los concesionarios tendrán un plazo de dos años para cumplir con dichas obligaciones.

También el registro del Padrón de Usuarios será obligatorio para el usuario para efectos de la activación de la línea móvil.

De no cumplirse se cancelarán todos los derechos de acceso a las telecomunicaciones.

“No conozco ninguna ley en el planeta que esté creada a la marginación digital y a conculcar de forma deliberada los derechos fundamentales de un país y sus ciudadanos, cuando ya de por sí en México alrededor de 40 millones de personas no tienen acceso a las tecnologías de la información”, argumentó.

El especialista anticorrupción y fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, Max Kaiser, destacó que la Ley aprobada debe analizarse bajo el contexto políticos actual.

“Si viviéramos en un país con autoridades que respetan el Estado de Derecho y la división de poderes, estaríamos hablando de cómo se podría utilizar mejor en el combate al crimen organizado”, dijo.

Afirmó que dicha Ley no tiene claro los sistemas de control, tampoco un órgano anticorrupción que vigile los abusos.

“Existe el miedo a que esta medida legislativa que invade la esfera privada de las personas, sea una medida peligrosa. El presidente de México ha dado varias señales de que a él no lo limita la Constitución, ni las leyes, ni la división de poderes y que utiliza todo el Estado para incidir en las elecciones, entonces existe el miedo”, sentenció.

Max Keiser aconsejó a la población a que haga uso de todos los mecanismos jurídicos a su disposición para defenderse, como el amparo.

“Si se hace de manera masiva, es para que poco a poco se restauren los derechos fundamentales”, expresó.

Adicionalmente, el experto en Derecho Constitucional, Luis Pérez de Acha subrayó que los derechos humanos ha ido perdiendo terreno ante los gobiernos, por lo que es tiempo de que los ciudadanos reaccionen y se defiendan.

“En México no hay política una guía, estamos dando nuestros datos a ciegas, bajo que blindaje y garantías vamos a dar nuestros datos biométricos, y esa seguridad constitucional y no comercial, no la tenemos”, dijo.

En tanto el Inai y la Cofetel ya preparan acciones de inconstitucionalidad ante la SCJN.