Tortura sin erradicar

Xalapa, Ver., 10 de  Sep (SPI).- La tortura es un delito que no se ha podido erradicar en México, por ello es indispensable la profesionalización y capacitación de funcionarios públicos del país, manifestó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El organismo reconoció que la tortura ha sido una práctica constante y generalizada que no se ha podido erradicar, por lo que el reto de combatirla es enorme y ningún esfuerzo será suficiente para aportar a favor de la prevención del delito y la protección a las víctimas.

Y es que la tortura, refirió la CNDH, es una práctica atroz y degradante que debe evitarse en todo momento, pues constituye la expresión máxima del abuso de poder y una violación injustificable a los derechos fundamentales.

Datos de Causa en Común revelaron que en agosto de 2021, la tortura fue el tipo de atrocidad que se registró con más frecuencia en los medios locales y nacionales, con al menos 130 registros y, Guanajuato destacó en este delito. De enero a agosto de este año se han perpetuado 692 casos de tortura.

La Comisión afirmó que, sin la profesionalización y compromiso de funcionarios públicos, peritos y personal que tiene bajo su resguardo a víctimas de violaciones a derechos humanos, nada será suficiente para erradicar prácticas que derivan en violaciones a su dignidad, como la tortura.

Al respecto, es indispensable impulsar la capacitación, a fin de lograr que la actuación de las autoridades se conduzca respetando los derechos fundamentales, que tenga como resultado un trato digno en la interacción con las personas y el desarrollo de sus funciones conforme a derecho.

Por ello la Dirección Ejecutiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH realizará visitas de supervisión a municipios alejados de las ciudades en diversos estados del país para identificar casos de tortura consumados que suceden, principalmente, en el momento de la detención.

Asimismo, la Comisión hizo hincapié en que los dictámenes médicos bien realizados, en los que se registran debidamente las lesiones observadas en la persona detenida, son una efectiva barrera disuasoria para quienes incurren en estas prácticas, durante las primeras etapas de la detención.

Por ello, el papel de los médicos es fundamental, no sólo en la realización del examen respectivo, sino en la verificación detallada de las condiciones físicas de las personas y, de ser necesario, en dar parte al Ministerio Público de posibles actos de tortura.

Por último, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alertó que la práctica de la tortura se agravó en tiempos de pandemia, a partir de mayores restricciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; de allí la importancia de la implementación local de los estándares internacionales en la materia.