El Estado sin garantizar protección ante crimen

Xalapa, Ver., 18  de Mar (SPI).- El ex magistrado e investigador universitario  José Lorenzo Álvarez lamentó que el gobierno de México siga sin implementar ningún tipo de protección para proteger a la población del crimen organizado, como lo exige el Protocolo II de los Convenios de Ginebra de 1949.

El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), José Lorenzo Álvarez Montero dijo que el hecho de que México siga sin ratificar el Protocolo II de los Convenio de Ginebra, parte del Derecho Internacional Humanitario (DIH), ha despertado críticas a nivel nacional e internacional.

“Porque el crimen organizado ha causado muchas muertes y no ha habido una protección a la población civil”, dijo.

Precisó que en esta rama del DIH existen dos protocolos, uno que atiende los conflictos internacionales, y otro que ve los conflictos internos, aquellos que no salen de las fronteras (rebeliones, revoluciones y movimientos armados, como el Zapatista registrado en Chiapas en 1994).

El Protocolo II aplica a todos los conflictos armados que se desarrollen en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable controlan parte del territorio nacional, acotándose que no aplica a situaciones de tensiones internas y disturbios interiores como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados

El ex magistrado lamentó que abunden los ejemplos de violaciones del DIH que se aplica en periodos de violencia extrema, como el conflicto armado que enfrentan Rusia y Ucrania, donde claramente se ha violentado tal derecho.

“El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, y busca proteger a las personas que no participan o ya no participan en los combates, como pueden ser los heridos, personal médico, periodistas que cubren las acciones, así como la población en general”, expuso el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

Ante la violación del DIH, apuntó que se tendría que analizar si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede o no cumplir con el cometido para el que fue creada o tendría que sustituirse, como sucedió a principios de siglo con la Sociedad de las Naciones que no logró resolver los graves problemas que se plantearon en las décadas veinte y treinta, dando lugar a la creación de la ONU.

Finalmente, Álvarez Montero refirió que es importante que el gobierno mexicano firme ese protocolo, y que las universidades, impulsen el DIH a través de sus planes de estudio, a fin de ir creando la cultura de la paz y la solidaridad.

“Esto es importante pero el gobierno mexicano no lo ha impulsado”, subrayó.