Llaman a revisar estrategia de seguridad

Xalapa, Ver., 08 de Ago (SPI).- A pesar de que el Senado de la República está obligado a revisar la Estrategia de Seguridad por mandato constitucional, la reforma política de 2014 dejó algunas ambigüedades que obstaculizan dicho encargo, destacó un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD). 

El IBD del Senado, dio a conocer que la reforma política de 2014, convirtió al Senado en un actor corresponsable en la definición, seguimiento y revisión de la política de seguridad pública. 

El documento titulado “Las facultades del Senado de la República en el seguimiento y control de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señaló que la polarización ha dificultado el aprovechamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP).

Desde el punto de vista constitucional y técnico, la ENSP es un instrumento de política pública que puede y debe ser mejorado a través de la evaluación objetiva y escrupulosa del Senado, sustentada en los datos y la evidencia disponible.

El estudio, no obstante, destacó que la reforma política de 2014 dejó algunas ambigüedades e impresiones, que dificultan el ejercicio de las atribuciones del Senado en las labores de seguimiento de la ENSP, como al estipularse que, si el Senado no la aprueba “en el plazo establecido por la ley”, la estrategia se tendría por aprobada. 

Al respecto, el dictamen aprobado por el Senado explicaba que este mecanismo se estableció con la finalidad de permitir al Ejecutivo Federal “iniciar de inmediato con las tareas necesarias para implementar con el tiempo y la fuerza suficiente las acciones encaminadas a hacer frente a esta importantísima tarea”.

“Aunque es perfectamente entendible el sentido de urgencia de las acciones para garantizar el orden y la paz pública, lo cierto es que la afirmativa ficta prevista en la Constitución hace prácticamente opcional la aprobación del Senado y debilita el mecanismo de control parlamentario que se buscó incorporar con la reforma política de 2014”, expuso la investigación.

En cuanto a las facultades de seguimiento y control del Senado, si bien estas tienen una sólida base constitucional, carecen de una legislación específica que detalle las acciones, los procedimientos y, en general, el alcance de las atribuciones del Senado en esta materia.

Por ejemplo, la ley no estipula si los informes enviados por el Ejecutivo sobre el estado que guarda la ENSP deben ser discutidos y aprobados por el Senado (de manera similar a como ocurre con los informes de la Guardia Nacional); tampoco se señala si el Senado puede formular recomendaciones, o si estas son vinculantes, o no, para el Ejecutivo Federal.

Otro problema es que, hasta la fecha, el Congreso no ha aprobado una reforma a la ley reglamentaria, en este caso, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para precisar cuál es el plazo con el que cuenta el Senado para aprobar la ENSP.

Este vacío normativo no abona a la certeza sobre los tiempos en que debe ser discutida, los procedimientos parlamentarios que deben seguirse, ni tampoco respecto al momento en que aplicaría la afirmativa ficta.

El estudio del IBD apuntó que la labor del Senado, más allá de censurar o respaldar la actuación del gobierno, debe orientarse hacia estudiar y afinar la política pública de seguridad, representando a las entidades que integran a la Federación en el reconocimiento de las acciones que están dando resultados y las que no, el análisis de los temas urgentes por resolver, así como en la formulación de recomendaciones.

Por último, la investigación expuso que la discusión sobre la ENSP parece ser inevitable, pues el presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones su interés de enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para trasladar a la Guardia Nacional (GN) a la Sedena, con lo cual se modificaría uno de los pilares de la estrategia de seguridad vigente.

En ese sentido, cabe destacar que este lunes (08 de agosto) Andrés Manuel López Obrador anunció en el marco de su mañanera, que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional pase completa Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ya no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). 

 Incluso, adelantó que la SSPC será reestructurada y ahora pasará a ser la Secretaría de Seguridad Pública y Justicia.