Distribución de agua una prioridad

Xalapa, Ver. Sep. (SPI).- El abastecimiento de agua a las urbes, al campo (agrícola) y la industria es la principal prioridad del Programa Nacional Estratégico Agua (Pronaces Agua), según estudios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El organismo analizó varios aspectos del vital líquido, uno de ellos fue el Programa Nacional Estratégico Agua (Pronaces Agua) del propio Conacyt, donde se analizaron las políticas públicas articuladas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 2019-2020.

En ese análisis, publicado en la revista bimestral Ciencias y Humanidades, cuyo eje temático fue el agua, se visualizaron las propuestas y acciones de los sectores privados, las demandas de organizaciones no gubernamentales y los intereses de los afectados ambientales, los movimientos sociales y las comunidades.

Entre los hallazgos más relevantes, es que la gestión del agua en el país se encuentra actualmente organizada y jerarquizada de manera que el ámbito principal es la gestión pública, el segundo en prioridad es la gestión privada y el último la gestión social.

Los grupos de especialistas, involucrados en el Programa Nacional Estratégico Agua (Pronaces Agua), se estableció que la principal prioridad en el ámbito de la gestión pública es el abastecimiento urbano, agrícola e industrial.

Le siguen, en orden descendente, el diseño de tarifas para el cobro, la protección del derecho humano al agua y al saneamiento, el desarrollo de infraestructura hidrosanitaria y, en quinto lugar, el abastecimiento de las fuentes de agua y el equilibrio de ecosistemas.

En el ámbito de la gestión privada, la prioridad fue la expansión continua de las fronteras de inversión en el sector hídrico y el acaparamiento de las concesiones para usos agrícolas e industriales del agua mediante negocios público-privados; lo que normalmente trae consigo la apropiación de este recurso y el despojo de territorios.

Por último, el ámbito de gestión social tuvo como prioridad el diálogo y el debate entre afectados ambientales y expertos e investigadores aliados y, a su vez, el planteamiento de dudas razonables sobre las políticas públicas relacionadas con la administración de los recursos hídricos.

La meta principal de este último ámbito fue garantizar la supervivencia de modos de vida y de organización social no plenamente subordinados a la lógica del mercado; pero, al ser el tercero en importancia, su influencia es limitada.

Derivado de lo arriba expuesto, el estudio determinó que el principal problema al que se enfrenta el país, es que el espacio de consenso, están fuertemente determinados por una lógica mercantil cuya única prioridad es el cuidado del agua superficial en cuencas.

Eso conllevó a un mal manejo de los recursos hídricos, pues no se consideran los impactos ambientales y sociales del cambio climático.

Además, debido a que actualmente se presta poca atención a la dinámica del agua subterránea y al agua de lluvia, es decir, al ciclo del agua en su conjunto, se pierden de vista los problemas de raíz que comprometen la disponibilidad de dicho recurso.

Los especialistas, consideraron que un primer paso en la solución del modelo de gestión del agua en México, es necesario reorganizar las prioridades de la gestión pública.

Es decir, en primer lugar, del cuidado de las fuentes de agua superficiales, subterráneas y de régimen de lluvia, pues con ello se podrá asegurar el abastecimiento urbano, agrícola e industrial de manera sustentable, y no de forma irresponsable como se ha hecho hasta ahora.

Esta reformulación, afirmaron los científicos, permitirá también hacer planes integrales de manejo del agua para lidiar con el cambio climático.

De esta manera, al alterar las prioridades del ámbito de mayor influencia, el líquido dejará de ser un producto destinado a satisfacer demandas mercantiles y pasará a ser un medio para preservar toda forma de vida, humana y no humana.

Como segundo paso, es necesario invertir el orden de prioridad de los dos ámbitos restantes, es decir, colocar el ámbito de gestión social en el segundo lugar de importancia y el de gestión privada en tercer lugar.

De realizarse lo anterior, afirmó el documento, las políticas nacionales de gestión pública estarán dirigidas, en primer término, al cuidado de las fuentes (cuerpos de agua superficiales, sistemas gravitacionales del agua subterránea, ciclos regionales de precipitación y caudales ecosistémicos) y, en segundo, a la protección del derecho humano al agua.

Además, con la inversión de posiciones entre la gestión privada y la gestión social, será más fácil la labor de plantear dudas razonables sobre las políticas públicas desarrolladas y se podrá fomentar la participación ciudadana.

De esta manera, la gestión privada participará únicamente en áreas complementarias a la gestión pública y social, respetando los derechos de los seres humanos y de las comunidades.