Congresos locales pueden emitir leyes que garanticen la transparencia.

Xalapa, Ver., 02 Abr (SPI).- Los congresos locales del país pueden emitir leyes de transparencia con marcos normativos sólidos y estándares internacionales, ante el desafío de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, según organizaciones civiles.

México Evalúa dio a conocer que, ante la conclusión de una de las mejores leyes de acceso de la información en el mundo, según el Global Right to Information Rating, ahora los estados tienen la oportunidad aprobar mejores leyes de transparencia.

De allí que la organización haya identificado al menos seis áreas donde los estados pueden mejorar la regulación del derecho de acceso a la información y la transparencia.

El primer paso, será garantizar órganos de transparencia estatales colegiados, conformados por los poderes ejecutivos con al menos tres integrantes, y que no sea unipersonal.

Exigir requisitos de idoneidad para titulares de órganos de transparencia. Personas seleccionadas cuenten con experiencia y conocimiento en la materia, asegurando imparcialidad y profesionalismo.

Los congresos estatales pueden revertir la eliminación de la obligación de que los sujetos obligados documenten todos los actos, al exigir en sus leyes la documentación sea obligatoria para todos actos.

Se podría recuperar el principio de máxima publicidad. La redacción actual condiciona el acceso a la información documentada y limita su disponibilidad.

Es crucial que las legislaciones estatales recuperen la formulación anterior, que garantizaba que toda la información en posesión de los sujetos obligados sea pública, accesible y sujeta a un régimen de excepciones legítimo.

Reinstaurar los Consejos Consultivos ciudadanos y; fomentar la apertura gubernamental y la participación ciudadana.

Las legislaciones locales podrían establecer medidas para fortalecer la participación ciudadana al adoptar acciones similares a las que contemplaba la Ley Federal de Transparencia, ahora abrogada.

Entre ellas: facilitar la intervención ciudadana en los procesos legislativos y judiciales, desarrollar plataformas digitales para la interacción con la ciudadanía y promover el acceso público a audiencias y resoluciones.