Empresarios de seguridad privada exigen esclarecer denuncias contra funcionario de Quintana Roo

*Más de 30 compañías reportan presuntas irregularidades en trámites y regulaciones; el caso ya fue expuesto ante la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- Lo que comenzó como una serie de inconformidades dentro de la industria de la seguridad privada en Quintana Roo se ha transformado en un asunto de alcance nacional. Las denuncias formuladas por empresarios contra Jaime Ongay Ortiz, director de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad del estado, llegaron esta semana hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, generando una nueva discusión sobre las condiciones regulatorias que enfrenta el sector.

De acuerdo con representantes empresariales, más de 30 compañías dedicadas a la prestación de servicios de seguridad privada han manifestado inconformidades relacionadas con presuntas prácticas irregulares en los procesos administrativos que regulan la operación de estas empresas.

Las acusaciones incluyen supuestos retrasos injustificados en trámites, obstáculos burocráticos para la renovación de permisos, condicionamiento de autorizaciones y medidas administrativas que, según los denunciantes, afectaron directamente la actividad económica de diversas compañías.

Empresarios consultados sostienen que la situación ha generado incertidumbre en un sector que desempeña un papel complementario en las tareas de protección patrimonial, vigilancia y seguridad para empresas, comercios y desarrollos turísticos en una de las entidades con mayor actividad económica del país.

La problemática fue planteada en Palacio Nacional por la periodista Judith Sánchez Reyes, quien cuestionó a la presidenta sobre las denuncias acumuladas en torno al funcionario estatal.

En respuesta, Sheinbaum afirmó que no tenía conocimiento previo del caso, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar los señalamientos y reiteró que cualquier conducta relacionada con actos de corrupción debe ser investigada y sancionada conforme a la ley.

La intervención presidencial otorgó una nueva dimensión al conflicto, particularmente porque las empresas denunciantes sostienen que las autoridades estatales ya conocían las inconformidades desde tiempo atrás.

Representantes del sector afirman que la incertidumbre regulatoria no sólo afecta la operación cotidiana de las compañías, sino que también impacta en la generación de empleos, la captación de inversiones y la confianza empresarial.

Quintana Roo concentra una importante actividad económica vinculada al turismo, la hotelería y los servicios, sectores que habitualmente recurren a empresas privadas para fortalecer sus esquemas de seguridad.

Por ello, los empresarios consideran que cualquier irregularidad en los mecanismos regulatorios puede tener efectos que trascienden a las compañías involucradas y repercuten en la competitividad del estado.

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la falta de información pública sobre posibles investigaciones o auditorías derivadas de las denuncias.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han dado a conocer resultados de procedimientos internos relacionados con los señalamientos, situación que ha alimentado la percepción de opacidad entre algunos actores empresariales.

La discusión también ha puesto sobre la mesa el papel que desempeñan las instituciones encargadas de supervisar la legalidad de los procesos administrativos vinculados con la seguridad privada.

Empresarios consideran que la confianza en las instituciones depende, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para atender denuncias, transparentar procedimientos y garantizar condiciones equitativas para todos los participantes del mercado.

Mientras continúan las exigencias de investigación, la industria observa con atención los posibles efectos que tendrá la intervención de la Presidencia de la República.

Por ahora, las empresas mantienen su demanda principal: que los señalamientos sean revisados por instancias imparciales y que se garantice un marco regulatorio transparente que permita operar bajo condiciones de certeza jurídica.