Inconsistencias en cifras de feminicidios

Xalapa, Ver., 01 de Jul (SPI).- La cifra de feminicidios en Veracruz no son consistentes. Mientras gobierno federal registra apenas 10 asesinatos de enero a mayo, instituciones universitarias registraron más del doble en el mismo lapso de tiempo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó su Informe de violencia contra las mujeres; un reporte mensual con datos acumulativos que va de enero a mayo del presente.

En los primero cinco meses del año, el Secretariado registró para Veracruz 10 feminicidios, ubicándose en la posición 11 de 32 estados del país. El 34 por ciento de este delito se concentro en los estados de Sinaloa (34), Ciudad de México (20), Estado de México (20) y Chiapas (20.

De los 10 casos de las mujeres veracruzanas asesinadas, dos de ellas eran menores de edad y el resto entre 30 y 60 años; el reporte de la Secretaría de Seguridad federal, no especifica el tipo de arma utilizada para dichos asesinatos

No obstante, esta cifra se queda lejos frente al reporte del Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres (OUVMujeres), realizado por académicos y alumnos de la Universidad Veracruzana (UV).

El Observatorio arrojó hasta mayo un total de 27 feminicidios. La mayoría se concentraron en la región centro con 12; seguidos de la región sur con nueve y la norte con seis casos.

A diferencia del reporte que realiza la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana -cuya base de datos se alimenta con información de las fiscalías locales de cada entidad- que omite la forma en que fueron ultimadas las féminas, el reporte de la UV sí lo especifica.

En ese sentido, el reporte reveló que de las 27 mujeres violentadas, 11 murieron por arma de fuego; tres por ser golpeadas; dos con arma blanca; una fue desmembrada y, nueve no fue posible especificar

El cuerpo estas mujeres sin vida, la mayoría fueron encontradas en lugares públicos.

El colectivo Las Brujas del Mar, visibilizaron en redes sociales (Facebook) un reciente de este lastimoso delito.

La triste historia pertenece a Noemí del Carmen Merlín Domínguez. asesinada apenas este 28 de junio. Su cuerpo fue encontrado casi irreconocible sobre la calle principal en el fraccionamiento La Herradura, en Veracruz.

En su texto, Las Brujas señalan que el responde del feminicidio fue su ex pareja, Eduardo Lázaro Tello, al que había dejado 3 meses antes por ejercer violencia en su contra, motivo por el que fue denunciado y contaba con medidas cautelares.

Empero, ese fatídico domingo, Eduardo entró por la fuerza a casa de Noemí y la subió a su tráiler. Vecinos reportaron los hechos, vieron cómo se la llevó por la fuerza y le pasó su tráiler encima hasta matarla.

El colectivo defensor de derechos humanos, expuso que por años Eduardo ejerció violencia física contra Noemí, la aislaba y amenazaba. Después de asesinar a Noemi intentó huir, pero fue encontrado y detenido en el municipio de La Antigua.

“Hoy existe preocupación pues Eduardo presume de tener influencias en la policía y su defensa quiere llegar a un acuerdo a modo de pagar una fianza y salir libre. No debemos permitir que el feminicidio de Noemí quede impune”, manifestaron Las Brujas del Mar.

Y es que si bien apenas en marzo y mayo de este año, el gobierno federal presentó una iniciativa de Ley de Feminicidio y su Programa para atender las violencias contra las mujeres 2026-2030, para responder a la crisis de feminicidios y violencia extrema de género en nuestro país.

Empero, para la organización México Unido Contra la Delincuencia, tras analizar ambas propuestas, hallaron ambos instrumentos serán insuficientes si no fortalecen las capacidades del Estado y las instituciones a cargo, pues la atención a estos temas no puede reducirse al endurecimiento de las penas ni a planes generales sin visión preventiva efectivamente operativa, presupuesto suficiente y una ruta clara de ejecución y evaluación.

“Nuestro análisis identifica diversos riesgos que podrían debilitar, en lugar de fortalecer, el acceso de las mujeres a la justicia. Entre ellos destacan la ausencia de presupuesto para implementar nuevas obligaciones en fiscalías y servicios periciales; que el análisis de contexto (que es fundamental para investigar con perspectiva de género) quede sujeto a la discrecionalidad del Ministerio Público; la inexistencia de mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de los protocolos de investigación; disposiciones que pueden generar efectos adversos para mujeres sobrevivientes y grupos históricamente discriminados; así como una lógica centrada en el castigo que deja sin atender las causas estructurales de la violencia y las condiciones que hoy producen impunidad”, afirmó en su posicionamientos dado a conocer este 30 de junio.